La Asociación de Agencias Inmobiliarias de la provincia de Cádiz, GICA, celebra este martes en el Centro de Interpretación Paco de Lucía, en Algeciras, una de sus tres asambleas generales anuales, con la participación de representantes de las más de 100 agencias inmobiliarias que forman parte de esta organización profesional.
La presidenta de GICA, Pepa Gavilán, ha explicado que la asociación ha querido desplazarse hasta Algeciras por la importancia que tienen los asociados del Campo de Gibraltar dentro de la organización y por el papel estratégico de esta ciudad en el conjunto de la comarca y de la provincia. “La presencia de los asociados del Campo de Gibraltar en GICA es muy importante. Son un grupo que promueve muchas actividades y supone un motor relevante para nuestra organización”, ha señalado. Gavilán ha destacado además que Algeciras es “el centro neurálgico del Campo de Gibraltar” y “un motor económico muy importante en la provincia de Cádiz y en Andalucía”, por lo que la celebración de esta asamblea en la ciudad permite poner el foco en una comarca con una realidad inmobiliaria propia, marcada por su actividad económica, portuaria, logística, industrial y transfronteriza.
La presidenta de GICA ha analizado la situación actual del mercado de la vivienda, que ha calificado como “compleja” y derivada de una acumulación de factores durante los últimos años. En este sentido, ha recordado que tras la crisis inmobiliaria se dejó de construir durante un largo periodo, lo que ha provocado una escasez de vivienda que se ha ido acumulando con el tiempo. A esta falta de oferta se han sumado otros factores, como el aumento de la demanda, los cambios sociales, el encarecimiento de los materiales, la subida de la mano de obra y el incremento general de los costes de construcción. “Se ha creado la tormenta perfecta para llegar al momento en el que estamos. La vivienda habitacional, la vivienda para uso habitual, está muy complicada”, ha afirmado.
Gavilán ha subrayado que el acceso a la vivienda se ha convertido ya en un problema social, especialmente para los jóvenes y para muchas familias que quieren formar un hogar y encuentran enormes dificultades para comprar o alquilar. “Está claro que estamos en una crisis de vivienda. Hay mucha gente joven que no puede acceder a una vivienda porque, al haber menos oferta, han subido los precios”, ha indicado.
La presidenta de GICA ha explicado que uno de los grandes problemas actuales es la falta de seguridad jurídica que perciben muchos propietarios a la hora de poner sus viviendas en alquiler habitual. Según ha señalado, esta situación ha provocado que parte de esas viviendas se destinen a otros usos, entre ellos el turístico, una actividad “perfectamente legal”, pero que ha contribuido a reducir la oferta disponible para residencia habitual. Por ello, GICA considera necesario revisar el marco normativo para ofrecer mayores garantías a los propietarios y favorecer que más viviendas salgan al mercado del alquiler residencial. “Hay que mirar las leyes para proteger más al propietario de la vivienda, para que poner su vivienda en alquiler no sea un riesgo”, ha defendido Gavilán.
La asociación también reclama una mayor colaboración entre administraciones, promotores y profesionales inmobiliarios para impulsar nuevas soluciones. En este sentido, la presidenta de GICA ha señalado que es necesario “ponerse de acuerdo” para crear un marco que facilite la promoción de vivienda, tanto privada como social, y para que el sector profesional pueda aportar su conocimiento directo del mercado. “Hay que hablar con los profesionales, que sabemos cómo está el mercado y qué hace falta”, ha afirmado Gavilán, quien ha defendido que las agencias inmobiliarias son “espectadoras cualificadas” de la evolución de los precios, pero no las responsables de su incremento. “Los agentes inmobiliarios no intervenimos en los precios; nosotros gestionamos y asesoramos a nuestros clientes, tanto compradores como vendedores”, ha aclarado.
Otro de los aspectos destacados por GICA es la necesidad de agilizar el desarrollo de suelo y simplificar los procedimientos urbanísticos. La presidenta ha explicado que el encarecimiento de la vivienda no responde solo a la demanda, sino también al incremento de los costes de construcción, los materiales, la mano de obra, los salarios y las cotizaciones sociales. Según ha indicado, construir una vivienda cuesta hoy más de un 50% más que antes de la pandemia.
Gavilán ha incidido además en que en algunas zonas de la provincia de Cádiz resulta muy complicado desarrollar suelo urbano debido a la acumulación de trámites y a una planificación que, aunque nació con la voluntad de evitar crecimientos desordenados, ha terminado generando rigidez y dificultades para promover nueva vivienda. “Se ha querido proteger tanto para que no se construya de forma desordenada que todo se ha vuelto muy encorsetado. Hay que agilizar los procedimientos para que sea más fácil desarrollar suelo, promover vivienda y facilitar también la autoconstrucción”, ha señalado.
Preguntada por la evolución de los precios, la presidenta de GICA ha indicado que el mercado apunta hacia una estabilización, aunque dentro de unos niveles ya muy elevados. “Los precios se están estabilizando porque hay compradores que ya se quedan fuera del mercado. Pero lo que ha subido no va a volver atrás; se estabilizará, pero los precios siguen siendo muy altos”, ha explicado. En este sentido, ha puesto como ejemplo la dificultad que supone para muchas familias jóvenes afrontar operaciones de compra de viviendas pequeñas a precios muy elevados, teniendo en cuenta que además necesitan disponer de ahorros para cubrir la parte no financiada por las entidades bancarias y los gastos asociados a la compraventa.
GICA considera que la situación actual no es comparable con la crisis de 2008. Según Gavilán, entonces se produjo un problema financiero y de sobreendeudamiento, mientras que ahora el origen principal está en la falta de oferta, el encarecimiento de los costes, la escasez de suelo disponible y la dificultad de muchas familias para acceder al mercado pese a la existencia de actividad y compraventas. “No estamos ante una crisis como la de 2008. Ahora se sigue vendiendo y hay actividad, pero hay muchas familias que se quedan fuera porque todo se ha encarecido. La vivienda es un bien de primera necesidad y eso convierte esta situación en un problema social”, ha afirmado.
La Asamblea General de GICA, que se ha iniciado con un saludo institucional del concejal del Ayuntamiento de Algeciras, Ángel Martínez León, ha incluido además diversos asuntos internos de especial relevancia para la organización, entre ellos la participación en la constitución de una federación andaluza junto a otras asociaciones inmobiliarias de Andalucía, un proyecto que la presidenta ha calificado como “un hito” para el sector. También se han abordado la incorporación de la organización a un programa nacional de gestión inmobiliaria a través de FAI y la actualización de los contratos de compra y venta con clientes conforme a las nuevas normativas.
La jornada ha incluido igualmente un desayuno de trabajo y una visita al Centro de Interpretación Paco de Lucía, en una convocatoria que ha reforzado la presencia de GICA en el Campo de Gibraltar y su papel como organización de referencia del sector inmobiliario en la provincia de Cádiz.

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La organización inmobiliaria gaditana ha querido trasladar, en primer lugar, “un mensaje de reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor en la persecución de este tipo de conductas, que generan un grave perjuicio a los ciudadanos y dañan injustamente la imagen de un sector formado mayoritariamente por profesionales serios, cualificados y comprometidos con la legalidad”.

Desde GICA subrayan que casos como este “no representan al sector inmobiliario profesional”, sino que ponen de manifiesto la importancia de que los consumidores cuenten siempre con agencias acreditadas, implantadas en el territorio, con sede física o identificación empresarial clara, procedimientos transparentes y garantías verificables. “Cuando una operación inmobiliaria se realiza a través de una agencia profesional, el cliente no queda solo ante un anuncio o una conversación digital. Existe un control documental, una trazabilidad de la operación, una comprobación previa del inmueble y una responsabilidad profesional detrás de cada paso”, señalan.

GICA recuerda que las agencias integradas en la organización trabajan bajo procedimientos comunes orientados a reforzar la seguridad jurídica y económica de las operaciones. Entre ellos, destacan la revisión de la documentación de los inmuebles, la identificación de las partes, la transparencia en la información facilitada al comprador, vendedor, arrendador o arrendatario, y la gestión segura de reservas y señales mediante transacciones bancarias controladas y protegidas por seguro de caución.

“En una operación inmobiliaria no basta con encontrar una vivienda o cerrar un acuerdo. Lo esencial es que cada paso esté comprobado, documentado y garantizado. Por eso recomendamos a la ciudadanía que, antes de entregar ninguna cantidad económica, verifique siempre quién está detrás de la operación, qué documentación existe, cómo se formaliza la reserva y qué garantías ofrece la agencia intermediaria”, añade GICA.

La organización insiste en que la transparencia “no puede ser una opción, sino una obligación profesional”. En este sentido, recuerda que todas las propiedades gestionadas por agencias pertenecientes a GICA pasan por controles documentales y de calidad destinados a asegurar que cada transacción se desarrolle con legalidad, seguridad y equilibrio para todas las partes implicadas.

Asimismo, GICA defiende la necesidad de elevar los estándares del mercado inmobiliario y de diferenciar claramente entre operadores profesionales y prácticas fraudulentas o poco cualificadas. “Las malas prácticas deterioran la confianza, perjudican a los consumidores y dañan la reputación de todo el sector. Frente a ello, GICA representa un modelo basado en la formación profesional, la ética, la responsabilidad, la calidad del servicio y la protección del cliente”, concluye la organización.

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El mercado inmobiliario de San Fernando ha iniciado 2026 con una clara consolidación de su fortaleza residencial, marcada por un incremento sostenido de los precios, una demanda activa y un contexto de mayor exigencia en las decisiones de compra, según los datos del análisis del primer trimestre del año y su comparativa con el Barómetro Inmobiliario de GICA correspondiente al segundo semestre de 2025.

Estos datos se han dado a conocer en el transcurso de un encuentro de trabajo celebrado en el Palacio de Congresos de San Fernando, en la que han participado las doce agencias que integran el sistema de cooperación inmobiliaria GICA en la ciudad —Áticos, Arenal, Costafinca Gestión Inmobiliaria, Fincasas, Fincas del Sur, Habitalia, Atlantis70, ORL Inmobiliaria, Tu Vivienda, Surhogar, Novo Atlas y Vesta Gestión— junto a otras agencias invitadas del entorno de la Bahía de Cádiz, en un encuentro que ha servido para analizar la evolución del mercado y reforzar la colaboración entre profesionales del sector.

El precio medio de la vivienda en oferta ha alcanzado los 1.996 €/m² en marzo de 2026, situándose muy cerca de la barrera psicológica de los 2.000 €/m² y confirmando una tendencia al alza progresiva iniciada en ejercicios anteriores . Esta evolución se produce en un contexto de mercado activo, que ya en 2025 registró más de 1.050 operaciones de compraventa, consolidando a San Fernando como uno de los enclaves más dinámicos de la Bahía de Cádiz .

En línea con los datos del Barómetro Inmobiliario de GICA, el mercado mantiene un perfil claramente residencial y accesible. Cerca del 70% de las operaciones se sitúan entre los 100.000 y 200.000 euros, mientras que más del 84% de las compraventas se destinan a vivienda habitual, lo que evidencia un comportamiento alejado de dinámicas especulativas y centrado en necesidades reales de residencia .

La demanda sigue estando dominada por el comprador local, que representa más del 84% de las operaciones, y se mantiene una elevada agilidad en las transacciones, con una parte significativa de las ventas cerrándose en plazos inferiores a un mes . No obstante, el arranque de 2026 introduce un nuevo elemento en el mercado: el papel creciente de la financiación.

El Euríbor ha registrado un repunte hasta el 2,565% en marzo, lo que ha incrementado la sensibilidad de los compradores y ha elevado el nivel de análisis previo a la adquisición de vivienda, introduciendo un escenario más selectivo y racional en la toma de decisiones .

En este contexto, el mercado evoluciona hacia una fase más exigente, en la que factores como el correcto posicionamiento del inmueble, la fijación adecuada del precio y la calidad de la comercialización resultan determinantes para cerrar operaciones con éxito.

Claudio Hernando, responsable de este informe de GICA en San Fernando  sostiene que “el mercado inmobiliario de la ciudad mantiene una base muy sólida, con una demanda real, local y constante, que sostiene la actividad incluso en contextos de mayor complejidad financiera”.

Añade que “el incremento de precios responde a una combinación de demanda activa y limitada oferta, pero seguimos hablando de un mercado equilibrado, donde las operaciones se cierran cuando el producto está bien ajustado. Eso sí, el comprador ahora es más exigente y analiza más cada decisión”.

Asimismo, desde GICA se insiste en que el principal reto a corto y medio plazo continúa siendo el incremento de la oferta, especialmente en el segmento de vivienda asequible. “Si no conseguimos incorporar más producto al mercado, especialmente orientado a jóvenes y familias, podemos entrar en tensiones que dificulten el acceso a la vivienda”, advierte Claudio Hernando.

En conjunto, los datos confirman que San Fernando mantiene un mercado inmobiliario dinámico, estable y cada vez más profesionalizado, que entra en 2026 con una evolución positiva, aunque condicionado por el entorno financiero y por la necesidad de ampliar la oferta disponible para sostener su crecimiento en el tiempo.

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Durante el encuentro, las agencias solicitaron información detallada sobre las ayudas recientemente anunciadas para la compra y el alquiler de vivienda, interesándose especialmente por los requisitos de acceso, el perfil de los beneficiarios y los procedimientos para su solicitud. Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de que estas ayudas lleguen de forma clara, directa y eficaz a la ciudadanía, planteando la colaboración de las agencias inmobiliarias como canal cercano de información.

En materia urbanística, se abordaron los nuevos proyectos residenciales previstos en la ciudad, así como la evolución del mercado inmobiliario local. En este sentido, el delegado de Urbanismo, José Luis Cordero, indicó que está prevista la construcción de aproximadamente 400 viviendas en los próximos años de viviendas de VPO en venta y alquiler, lo que supone un impulso relevante para el desarrollo del municipio y la ampliación de la oferta residencial.

Por su parte, desde GICA San Fernando se trasladó la voluntad del sector inmobiliario de colaborar activamente con la administración para facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la comunicación con los ciudadanos.

Como resultado del encuentro, se ha propuesto la celebración de una mesa coloquio informativa, en la que participarán representantes municipales y profesionales del sector, con el objetivo de explicar de forma directa y transparente estas medidas y oportunidades, acercando la información a la ciudadanía y resolviendo sus dudas.

GICA en San Fernando está integrado por 12 agencias: Áticos,  Costafinca Gestión Inmobiliaria, Arenal, Fincasas, Fincas del Sur, Habitalia, Atlantis70, ORL Inmobiliaria, Tu Vivienda, Surhogar, Novo Atlas y Vesta Gestión.

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Tras su valoración, GICA ha acordado respaldar plenamente el posicionamiento de la organización nacional, de la que forma parte, y trasladar su preocupación por el impacto que este tipo de mensajes puede tener en el mercado del alquiler en la provincia de Cádiz.

Desde la asociación gaditana se subraya que anticipar la aplicación de medidas aún pendientes de validación legal puede generar un escenario de incertidumbre tanto para arrendadores como para arrendatarios. En este sentido, advierten de que este tipo de iniciativas pueden inducir a error a los inquilinos, al trasladarles expectativas sobre derechos que todavía no están jurídicamente garantizados, al tiempo que incrementan la inseguridad entre los propietarios.

La junta directiva de GICA considera especialmente relevante este contexto en una provincia como Cádiz, donde el mercado del alquiler presenta ya importantes tensiones estructurales, con una oferta limitada y una demanda creciente, especialmente en zonas de alta presión turística y en núcleos urbanos con fuerte dinamismo económico.

En línea con el análisis realizado por FAI, la organización provincial advierte de que este tipo de comunicaciones puede derivar en un aumento innecesario de la conflictividad entre las partes, dificultando procesos que tradicionalmente se han resuelto mediante acuerdos voluntarios adaptados a cada caso. Asimismo, inciden en que la generación de inseguridad jurídica podría desincentivar la incorporación de nuevas viviendas al mercado del alquiler, agravando aún más el problema de acceso a la vivienda.

Desde GICA se insiste en la necesidad de trasladar mensajes rigurosos y ajustados al marco legal vigente, evitando generar expectativas que no cuenten con el respaldo normativo correspondiente. La asociación entiende que el foco debe situarse en abordar las causas estructurales que afectan al mercado del alquiler, favoreciendo un entorno de estabilidad y confianza que permita equilibrar la relación entre oferta y demanda.

En este sentido, la organización reitera su disposición a colaborar con las administraciones públicas y con el conjunto de agentes implicados en la búsqueda de soluciones que contribuyan a mejorar el acceso a la vivienda en la provincia, desde una perspectiva técnica, jurídica y de mercado.

Como ya ha señalado la federación nacional, la proliferación de anuncios o iniciativas sin plena cobertura legal puede terminar perjudicando especialmente a los colectivos más vulnerables, al reducir aún más la oferta disponible y dificultar su acceso al alquiler.

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La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA – MLS Cádiz) ha celebrado hoy su Asamblea General Anual, un encuentro que ha reunido a más de un centenar de gerentes y profesionales del sector inmobiliario para analizar la evolución del mercado durante el último ejercicio y abordar los principales desafíos que marcarán 2026.

La cita se ha desarrollado en las instalaciones del Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez (PTA) en un contexto de actividad estable en el mercado de compraventa, pero con tensiones estructurales que afectan de forma directa al acceso a la vivienda, especialmente en el ámbito del alquiler residencial.

Según los últimos datos del Barómetro Inmobiliario de GICA, correspondientes al segundo semestre de 2025, , el mercado gaditano ha mantenido un volumen de operaciones sostenido, con un claro protagonismo de la vivienda habitual y del comprador local. Sin embargo, la oferta ha continuado siendo insuficiente para absorber la demanda, lo que ha generado mayores dificultades de acceso, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias.

La presidenta de GICA, Pepa Gavilán, ha subrayado que “la provincia de Cádiz cuenta con un mercado inmobiliario sólido, muy vinculado a la demanda real de vivienda habitual y con escaso componente especulativo. Eso nos ha dado estabilidad, pero también ha evidenciado nuestros límites estructurales: no estamos generando suficiente oferta para atender las necesidades actuales”.

En el ámbito del alquiler, la situación ha centrado buena parte del debate. Tal y como ya alertó la asociación en mayo del pasado año, , la caída de la oferta de arrendamiento de larga duración ha sido significativa, mientras que la demanda ha seguido creciendo, provocando desplazamientos hacia municipios periféricos y un aumento de la presión sobre determinados tramos de precio.

“Cada vez más inquilinos han tenido que ampliar su radio de búsqueda porque no encontraban vivienda en su municipio o porque los precios superaban su capacidad económica. Esto demuestra que el problema no ha sido coyuntural, sino estructural”, ha señalado Gavilán.

Durante la Asamblea también se ha abordado el desarrollo legislativo en Andalucía. GICA ha defendido la necesidad de que el sector participe activamente en el debate parlamentario sobre la normativa autonómica de vivienda, con el objetivo de reforzar la colaboración público-privada y garantizar un marco estable.

“La regulación debía ofrecer seguridad jurídica tanto a propietarios como a operadores y consumidores. Sin estabilidad normativa no habrá incremento de oferta ni confianza suficiente para movilizar inversión”, ha afirmado la presidenta.

Asimismo, la asociación ha insistido en la importancia de seguir avanzando en la profesionalización del sector y en la implantación de herramientas que protejan al consumidor y combatan el intrusismo.

“La provincia tiene potencial para crecer de forma equilibrada, pero necesitaba y necesita decisiones valientes en materia de suelo, vivienda protegida y simplificación administrativa. Desde GICA seguiremos aportando datos objetivos y propuestas técnicas para contribuir a un mercado más accesible y transparente”, ha concluido la presidenta.

Durante la Asamblea, GICA ha puesto también el foco en la importancia de la formación profesional específica y en los procesos de acreditación de competencias en el sector inmobiliario. La asociación considera prioritario avanzar hacia un modelo donde la cualificación técnica y la experiencia acreditada sean elementos diferenciadores frente al intrusismo, reforzando así la confianza del consumidor y la calidad del servicio prestado.

“La formación no puede ser opcional en un sector que gestiona uno de los activos más importantes en la vida de las personas. Apostar por la acreditación de competencias es apostar por transparencia, seguridad jurídica y excelencia profesional”, ha señalado la presidenta.

Asimismo, GICA ha defendido que cualquier desarrollo normativo autonómico debe contemplar mecanismos claros que impulsen la profesionalización real del sector, reconociendo la trayectoria de quienes operan bajo estándares éticos y sistemas cooperativos como el MLS.

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El Barómetro Inmobiliario de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz, GICA, correspondiente al segundo semestre de 2025, confirma que el mercado inmobiliario de la provincia de Cádiz mantiene una actividad estable y resiliente, aunque arrastra desequilibrios estructurales que condicionarán su evolución en 2026. El estudio, elaborado a partir de las respuestas de las más de 100 agencias inmobiliarias asociadas, ofrece una visión contrastada del comportamiento real del mercado y permite, por primera vez, realizar una comparativa completa con los datos recogidos desde la puesta en marcha del barómetro hace ya más de dos años.

Según los resultados del último semestre de 2025, el 56 % de las operaciones de compraventa se concentra en viviendas con precios entre 100.000 y 200.000 euros, seguido del tramo de 200.000 a 300.000 euros, que representa en torno al 26 % del total. Las operaciones por encima de los 300.000 euros apenas alcanzan el 15 % y continúan siendo claramente minoritarias y concentradas en zonas muy concretas de la provincial las que se elevan por encima de los 400.000 euros, mientras que las ventas por debajo de los 100.000 euros son ya residuales.

En cuanto a la evolución de los precios, el Barómetro Inmobiliario correspondiente al segundo semestre de 2025 muestra un claro cambio de ritmo. El 58 % de las agencias sitúa las subidas por debajo del 10%, mientras que un 22 % señala estabilidad en los valores de cierre. Solo un 15 % percibe incrementos entre el 10% y el 20%, y los aumentos superiores a ese umbral se reducen a casos muy puntuales. Estos datos confirman una desaceleración progresiva en el ritmo de subida de los precios respecto a los ejercicios anteriores, tras los incrementos más intensos registrados en 2023 y en el primer semestre de 2024.

El Barómetro Inmobiliario de GICA correspondiente al segundo semestre de 2025 confirma que la vivienda habitual sigue siendo el principal destino de las operaciones, concentrando cerca del 68 % de las compraventas, muy por delante de la segunda residencia (22 %) y de la vivienda destinada a inversión (10 %). Asimismo, el comprador local o provincial continúa siendo mayoritario, con aproximadamente el 64 % de las operaciones, lo que refuerza el carácter residencial y no especulativo del mercado gaditano. En cuanto a los plazos de venta, más de la mitad de las viviendas se comercializa entre cuatro y ocho semanas, aunque empieza a detectarse un mayor alargamiento en aquellos inmuebles con precios fuera de mercado o con un ajuste deficiente entre expectativas del vendedor y capacidad real de compra

Comparativa histórica: un mercado que resiste, pero con límites claros

La comparativa de los barómetros inmobiliarios de HICAT desde el primer semestre de 2023 hasta finales de 2025 refleja un mercado que ha sabido resistir un contexto complejo de tipos de interés elevados, inflación y cambios normativos, manteniendo un volumen de operaciones relativamente estable. Sin embargo, los datos también evidencian una clara desaceleración en el crecimiento de los precios y, de forma paralela, un agravamiento de los problemas estructurales, especialmente en el mercado del alquiler, donde cerca del 90 % de las agencias señala una oferta claramente insuficiente para absorber la demanda existente.

La presidenta de GICA, Pepa Gavilán, subraya que “el valor de este barómetro reside en que no es una estimación teórica, sino el reflejo directo de lo que están viviendo un centenar de agencias inmobiliarias que operan a diario en toda la provincia de Cádiz. Esa capilaridad territorial y profesional es lo que convierte a esta encuesta en una herramienta altamente fiable para interpretar el mercado”.

Gavilán advierte de que “la compraventa se mantiene en niveles razonables, pero el gran problema del sector sigue siendo la falta de oferta, tanto en venta como, sobre todo, en alquiler. Mientras no se actúe sobre el suelo, la vivienda asequible y la seguridad jurídica, el mercado seguirá tensionado y con un acceso cada vez más difícil para jóvenes y familias”.

De cara a 2026, el Barómetro Inmobiliario de GICA identifica varios retos:

• Incrementar la oferta de vivienda asequible, mediante colaboración público-privada y mayor agilidad urbanística.
• Recuperar vivienda para el alquiler residencial, hoy desplazada en parte hacia otros usos.
• Dotar de estabilidad normativa y seguridad jurídica a propietarios y operadores.
• Seguir avanzando en la profesionalización y digitalización del sector, como garantía para el consumidor.

“La provincia de Cádiz tiene un enorme potencial, pero necesita decisiones estructurales. Desde GICA seguiremos aportando datos, propuestas y una visión profesional para contribuir a un mercado más equilibrado, transparente y accesible”, concluye la presidenta.

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La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA) ha designado a la empresaria Pepa Gavilán Castro como su nueva presidenta. Esta organización, que congrega a más de un centenar de agencias y cuatrocientos cincuenta profesionales en toda la provincia, formalizó el nombramiento durante la Asamblea General celebrada hoy en la sede de la Confederación de Empresas de Cádiz. Gavilán sucede a Lucas Carrasco, tras dos años al frente de la asociación.

Tras su proclamación, Pepa Gavilán agradeció la confianza de sus colegas. Asimismo, enfatizó su compromiso de «liderar con diálogo, con equipo, con compromiso territorial y con trabajo colectivo», buscando que GICA continúe siendo una «gran familia profesional unida por la transparencia, la ética y el servicio al cliente».

La recién nombrada presidenta rememoró los inicios de la asociación, surgida «en plena crisis de 2008», cuando diversas agencias decidieron unirse para cooperar, profesionalizar el sector y mejorar el servicio al cliente. Subrayó que GICA ha demostrado que «colaborar es sumar», consolidándose como «una red sólida, unida por valores compartidos y una vocación de servicio a la sociedad».

Durante su intervención, Gavilán identificó los desafíos más apremiantes que enfrenta el sector inmobiliario en la provincia de Cádiz. Entre ellos, mencionó la crisis del alquiler, la escasez de vivienda asequible, el impacto de la nueva Ley de Vivienda, la presión de las viviendas turísticas y la inseguridad jurídica. Aseguró que «la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos», y que los profesionales inmobiliarios deben «formar parte de la solución, no del problema».

En este contexto, la presidenta extendió una invitación a las administraciones públicas para fomentar la colaboración público-privada. Hizo hincapié en la necesidad de «marcos legales realistas y consensuados, adaptados a las características de territorios como Cádiz». Argumentó que ni el sector público ni el privado pueden resolver la problemática habitacional solos, concluyendo que «la clave está en cooperar».

Entre las líneas de acción de su mandato, Pepa Gavilán anunció la promoción de la formación reglada y continua para los profesionales del sector inmobiliario. Igualmente, impulsará la digitalización de los procesos en todas las fases de la intermediación, recordando que GICA fue pionera en la implementación de un sistema MLS compartido a nivel provincial.

Además, la nueva líder de GICA puso en valor el rol social del sector inmobiliario, calificándolo como «el mejor aliado de los consumidores». Destacó que los agentes «acompañan al comprador, al vendedor o al inquilino con preparación, conocimiento del mercado y ética profesional».

Gavilán también dedicó palabras de reconocimiento a Lucas Carrasco y Begoña Gómez, presidente y vicepresidenta salientes. Agradeció su dedicación y liderazgo durante los últimos años, que han contribuido a consolidar a GICA como «una organización de referencia en Andalucía y un ejemplo de cooperación empresarial».

La nueva presidenta concluyó su discurso con un llamamiento a la cohesión del sector. «El futuro de GICA se construye desde la unidad. Cuando el sector inmobiliario va unido, conseguimos logros impensables. Mantengamos esa unidad como un tesoro», afirmó, enfatizando la importancia de la colaboración interna.

La asamblea también ratificó la nueva junta directiva, que refuerza la representación territorial del conjunto de las agencias de la provincia. La estructura es la siguiente: presidencia, Pepa Gavilán; vicepresidencia, Lucas Carrasco; tesorería, Begoña Gómez; vocales Bahía, Mario López, Andrés Chaves, Isabel Fernández y Antonio Sánchez; vocales Playas, Eduardo Aparcero y Ricardo Robles; vocales Jerez, Miguel Fernández y Antonio Baro; vocales Campo de Gibraltar, Carmina Moreno y Reyes Mota; y vocal Sierra, Martin Brännström.

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El informe destaca la mejoría general de los indicadores respecto al trimestre anterior. El número de operaciones creció un 4,9 por ciento, pasando de 61 a 64; el volumen total de ventas aumentó un 0,65 por ciento, y el importe medio por transacción subió un 3,1 por ciento. Pese a que el plazo medio para cerrar una operación se ha alargado ligeramente —de 33 a 41,5 días—, el mercado inmobiliario isleño mantiene un ritmo de actividad ágil y estable, con precios bien ajustados a la realidad de la demanda.

Otro dato relevante del trimestre es el número de operaciones compartidas entre agencias, que ascendió a 15. Este tipo de transacciones refuerza el modelo colaborativo que caracteriza a GICA y que permite que diferentes oficinas puedan cooperar en una misma operación, multiplicando las oportunidades de venta y garantizando un servicio más eficiente para compradores y vendedores.

En San Fernando, doce agencias forman parte de este sistema de cooperación inmobiliaria: Áticos,, Costafinca Gestión Inmobiliaria, Fincasas, Fincas del Sur, Habitalia, Atlantis70, ORL Inmobiliaria, Tu Vivienda, Surhogar, Novo Atlas y Vesta Gestión.

Las agencias de la Isla han valorado positivamente los resultados del trimestre y han subrayado que “los datos confirman la madurez del mercado inmobiliario de San Fernando y el valor del trabajo colaborativo que caracteriza a nuestras agencias. La confianza y la transparencia son los pilares que están consolidando este modelo en toda la provincia”.

La asociación ofrece a sus miembros herramientas avanzadas de gestión, asesoramiento jurídico, formación continua y un seguro de caución, que refuerza la seguridad de las operaciones y garantiza el cumplimiento de los compromisos contractuales.

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La asociación empresarial considera que esta norma autonómica supone una oportunidad histórica para afrontar el problema del acceso a la vivienda, pero advierte que será esencial contar con la participación directa de los profesionales del sector inmobiliario en su tramitación parlamentaria. Por ello, GICA va a apoyar las iniciativas de UNEXIA, la organización empresarial representativa del sector en Andalucía -de la que forma parte- para que se incluya en el proceso de debate para aportar propuestas que refuercen la colaboración público-privada, considerada una herramienta decisiva para aumentar la oferta de vivienda asequible en la provincia.

“El acceso a una vivienda digna es uno de los grandes retos de nuestra sociedad y en Cádiz se hace especialmente urgente. Necesitamos medidas valientes, consensuadas y realistas que permitan construir más vivienda asequible sin frenar la inversión ni la iniciativa privada”, ha señalado el presidente de GICA, Lucas Carrasco.

GICA respalda la apuesta de la Junta de Andalucía por incentivar la cooperación entre administraciones, promotores y agentes inmobiliarios. En una provincia como Cádiz, donde la tensión en el mercado del alquiler es cada vez mayor, la colaboración público-privada es imprescindible para movilizar suelo, rehabilitar viviendas y facilitar proyectos de alquiler asequible, especialmente en municipios con alta demanda como Cádiz, Jerez, San Fernando, El Puerto de Santa María o Algeciras.

La asociación propone aprovechar la red de agencias inmobiliarias profesionales para canalizar la oferta existente y mejorar la gestión de programas de vivienda protegida y alquiler asequible, garantizando transparencia, rapidez y seguridad jurídica para los ciudadanos.

GICA comparte la preocupación del sector andaluz por la supresión del Registro obligatorio de Agentes Inmobiliarios en el anteproyecto de ley, una herramienta esencial para garantizar la protección de los consumidores y combatir el intrusismo profesional.

“Un registro público y obligatorio daría más garantías al ciudadano y mayor seguridad al mercado. Andalucía no puede quedarse atrás respecto a otras comunidades que ya lo han implantado con éxito”, ha añadido Lucas Carrasco.

GICA insiste en que un mercado inmobiliario más profesional y regulado es la base de la confianza. Por ello, pide a los grupos parlamentarios que recuperen el Registro en el texto final de la ley y mantengan el diálogo con las organizaciones representativas del sector, incluidas las asociaciones provinciales como GICA, que actúan como enlace directo con la realidad del mercado local.

La asociación gaditana destaca su plena disposición a colaborar con las administraciones públicas en la búsqueda de soluciones estructurales. “Queremos ser parte activa en la aplicación de políticas que permitan que más familias gaditanas accedan a una vivienda sin que el mercado se bloquee ni se desincentive la inversión”, subraya su presidente.

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