A menudo aparecen en los medios noticias sobre cómo criminales y corruptos utilizan a veces el sector inmobiliario para el blanqueo de capitales. Se trata de una estrategia básica en la que, utilizando fondos no declarados o de procedencia ilícita, adquieren propiedades. De esta manera, pueden disfrutar del fruto de sus actividades ilegales.
Pero para evitar eso, estamos los trabajadores y gestores inmobiliarios. Nuestra profesión no es fácil, pero somos la punta de lanza que necesitan las autoridades para detectar estos movimientos sospechosos y poder destapar redes enteras de corrupción. Para facilitarlo, trabajamos codo con codo con el SEPBLAC, el organismo público al cargo.
Desde hace algunos años, la ley al respecto se endureció, lo que ha resultado en un nuevo código de prácticas que empleamos cada día en el sector. La idea es rastrear y asegurarse de dónde procede el dinero que se va a emplear para pagar una propiedad. En caso de que haya dudas, los agentes inmobiliarios deberán ponerse en contacto con la agencia tributaria y las autoridades.
¿Cómo lo hacemos?
Para empezar, cuando tenemos un cliente, debemos rellenar una serie de documentos. En estos deberán aparecer sus datos personales y demás información que podría ser útil para detectar irregularidades. Además, debe de justificar el origen de los fondos con los que planea adquirir el inmueble. A menudo, algunas personas declaran recibir los fondos de un tercero, por lo que quizás están actuando como intermediarios. Esto en sí no es ilegal siempre, pero nuestro trabajo es asegurarnos de que no se está utilizando a esta persona para evadir responsabilidades o utilizando fondos sospechosos ubicados en el extranjero.
Esta responsabilidad a la hora de identificar correctamente a las partes intervinientes, las tiene cada profesional del sector. Ya se trate de un promotor, de un agente de propiedad o consultor, todos tienen que comprobar personalmente que los datos concuerdan. Esto incluye al banco y al notario, que, aunque no son profesionales de nuestro gremio, también tienen responsabilidades delegadas.
Un buen gestor también debe tener intuición y conocer bien las normas. A menudo, algunos particulares no saben que tienen que justificar por adelantado sus fuentes y pueden omitirlo. Es importante saber cuándo hay mala fe por intereses concretos y cuándo se trata de una confusión.
Los trabajadores de nuestro sector son ampliamente escrutados. No es para menos, ya que, según las últimas modificaciones de la ley, cualquier indicio de delito que no sea transmitido puede constar como colaboración. Si un juez entendiera que hay motivos para pensar así, las multas empiezan por 150 000 euros y llegan hasta los 10 millones.
En GICA velamos porque esta y otras infracciones queden fuera del ámbito del sector. ¡Ayúdanos a luchar contra el blanqueo de capitales!
