Más de un centenar de agencias analizan la evolución del sector en la provincia de Cádiz y los retos normativos
La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA – MLS Cádiz) ha celebrado hoy su Asamblea General Anual, un encuentro que ha reunido a más de un centenar de gerentes y profesionales del sector inmobiliario para analizar la evolución del mercado durante el último ejercicio y abordar los principales desafíos que marcarán 2026.
La cita se ha desarrollado en las instalaciones del Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez (PTA) en un contexto de actividad estable en el mercado de compraventa, pero con tensiones estructurales que afectan de forma directa al acceso a la vivienda, especialmente en el ámbito del alquiler residencial.
Según los últimos datos del Barómetro Inmobiliario de GICA, correspondientes al segundo semestre de 2025, , el mercado gaditano ha mantenido un volumen de operaciones sostenido, con un claro protagonismo de la vivienda habitual y del comprador local. Sin embargo, la oferta ha continuado siendo insuficiente para absorber la demanda, lo que ha generado mayores dificultades de acceso, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias.
La presidenta de GICA, Pepa Gavilán, ha subrayado que “la provincia de Cádiz cuenta con un mercado inmobiliario sólido, muy vinculado a la demanda real de vivienda habitual y con escaso componente especulativo. Eso nos ha dado estabilidad, pero también ha evidenciado nuestros límites estructurales: no estamos generando suficiente oferta para atender las necesidades actuales”.
En el ámbito del alquiler, la situación ha centrado buena parte del debate. Tal y como ya alertó la asociación en mayo del pasado año, , la caída de la oferta de arrendamiento de larga duración ha sido significativa, mientras que la demanda ha seguido creciendo, provocando desplazamientos hacia municipios periféricos y un aumento de la presión sobre determinados tramos de precio.
“Cada vez más inquilinos han tenido que ampliar su radio de búsqueda porque no encontraban vivienda en su municipio o porque los precios superaban su capacidad económica. Esto demuestra que el problema no ha sido coyuntural, sino estructural”, ha señalado Gavilán.
Durante la Asamblea también se ha abordado el desarrollo legislativo en Andalucía. GICA ha defendido la necesidad de que el sector participe activamente en el debate parlamentario sobre la normativa autonómica de vivienda, con el objetivo de reforzar la colaboración público-privada y garantizar un marco estable.
“La regulación debía ofrecer seguridad jurídica tanto a propietarios como a operadores y consumidores. Sin estabilidad normativa no habrá incremento de oferta ni confianza suficiente para movilizar inversión”, ha afirmado la presidenta.
Asimismo, la asociación ha insistido en la importancia de seguir avanzando en la profesionalización del sector y en la implantación de herramientas que protejan al consumidor y combatan el intrusismo.
“La provincia tiene potencial para crecer de forma equilibrada, pero necesitaba y necesita decisiones valientes en materia de suelo, vivienda protegida y simplificación administrativa. Desde GICA seguiremos aportando datos objetivos y propuestas técnicas para contribuir a un mercado más accesible y transparente”, ha concluido la presidenta.
Durante la Asamblea, GICA ha puesto también el foco en la importancia de la formación profesional específica y en los procesos de acreditación de competencias en el sector inmobiliario. La asociación considera prioritario avanzar hacia un modelo donde la cualificación técnica y la experiencia acreditada sean elementos diferenciadores frente al intrusismo, reforzando así la confianza del consumidor y la calidad del servicio prestado.
“La formación no puede ser opcional en un sector que gestiona uno de los activos más importantes en la vida de las personas. Apostar por la acreditación de competencias es apostar por transparencia, seguridad jurídica y excelencia profesional”, ha señalado la presidenta.
Asimismo, GICA ha defendido que cualquier desarrollo normativo autonómico debe contemplar mecanismos claros que impulsen la profesionalización real del sector, reconociendo la trayectoria de quienes operan bajo estándares éticos y sistemas cooperativos como el MLS.
